Miembros del Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que hicieron suyo y por ello se subrogaron en firmantes de la terminación anticipada de la relación contractual con TELRA REALTY S.A.P.I. de C.V.
Representantes del Gobierno Federal.
- Dr. Oscar Ernesto Vela Treviño
- Lic. Francisco Javier García Bejos
- Lic. Juan Carlos Lastiri Quirós
- Lic. Rogelio Garza Garza
- Ing. Manuel Cadena Morale
- Mtro. Omar Téllez Gómez
Representantes de los Trabajadores.
- Sr. Carlos Humberto Aceves del Olmo
- Sr. Filemón Primitivo Arcos Suárez
- Lic. José Carlos Torres García
- Sr. Eduardo Vázquez Martínez
- Lic. Fernando Salgado Delgado
- Sr. Marco Antonio Bazarte Maya
- Lic. Rafael Oriol Salgado Sandoval
- Lic. Arturo Contreras Cuevas
- Sr. Armando Vera López
Representantes Patronales.
- Lic. Manuel Herrera Vega
- Ing. Enrique Solana Sentíes
- Lic. Gustavo Adolfo de Hoyos Walther
- Arq. David Roberto Anda González
- Lic. Ricardo Navarro Benítez
- Ing. Héctor Jesús Aguirre Moncada
- Ing. Carlos Guillermo Medina Rodríguez
- Arq. José Manuel López Campos
El motivo de esta carta abierta es exhibir públicamente el silencio vergonzoso que han guardado respecto de las calumnias, presiones gubernamentales, los abusos ministeriales y judiciales que han venido sucediendo en el asunto conocido como el caso Telra/Infonavit. Al día de hoy, dos exfuncionarios del Infonavit se encuentran injustamente detenidos desde hace más de cuatro meses, en una cárcel de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Los exfuncionarios a quienes les correspondía firmar los contratos fueron vinculados a proceso únicamente por haber ratificado ante notario público el Convenio de Transacción y Finiquito que ustedes expresamente les instruyeron celebrar. Al punto que el propio Juez Federal que los vinculó a proceso señaló que era lamentable que el Ministerio Público de la Federación estuviera investigando solo a estos funcionarios y no a todos los Miembros del Consejo de Administración quienes fueron los que finalmente autorizaron el Convenio de Transacción y Finiquito en todos sus términos y condiciones. Ese Juez no sabía siquiera que esta transacción contaba también con la aprobación de la Asamblea.
Tanto la decisión del Consejo de Administración del Infonavit para suscribir los contratos con Telra, como la de terminarlos de manera anticipada, luego acudir a una figura legalmente regulada como lo es la transacción y finalmente cumplir con la obligación de indemnizarnos, fue acordada por ustedes como órgano colegiado, tripartita e independiente y, por si fuera poco, lo hicieron de manera unánime y totalitaria. Además, posteriormente fue aprobada por el Comité de Auditoría así como por la Asamblea General del Instituto. Jamás se ha dicho en prensa, ni en una sola de las actuaciones de la Fiscalía, que estos contratos hubieren sido consecuencia de un acto de corrupción.
Sin embargo, cualquier imputación en el sentido de que la suscripción de dicho contrato fue ilegal, necesariamente debe traducirse en una responsabilidad para todos ustedes que lo ordenaron y después lo ratificaron. La realidad es que ustedes hicieron sus propios estudios y consultas de rentabilidad, quisieron operar el programa de movilidad sin intermediarios para quedarse con las utilidades que se generarían. Lo que claramente confirma el valor del programa. Esto, a pesar de que en 40 momentos diferentes, a través de 40 notificaciones formales Telra les exigió honrar los acuerdos y dar cumplimiento a los contratos, advirtiendo que la comercialización y creación de un mercado secundario de vivienda sólo funcionaría de forma independiente a la operación institucional del Infonavit. Independientemente de ello, ordenaron terminar anticipadamente los contratos, autorizaron el Contrato de Transacción que les obligaba por ley a indemnizar a Telra por los daños y perjuicios.
La actual dirección del Infonavit tiene claro que la operación con Telra Realty fue legal. Esto quedó demostrado cuando el propio Infonavit se negó a participar y recibir mediante acuerdo reparatorio con los señores El Mann Arazi la cantidad de 2 mil millones de pesos. Posteriormente, el Infonavit fue notificado en calidad de víctima del criterio de oportunidad que se les concedió a los señores Moisés, Max y André El Mann Arazi por el delito de lavado de dinero que inmediatamente el Infonavit impugnó. Impugnación de la cual se desistió el Infonavit horas antes de la audiencia a ser presidida por Juez de Control, consintiendo así que dichos recursos fueran a parar al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.
El pasado 1º de mayo, ese mismo Juez Federal (ex ministerio público de SEIDO) ilegalmente vinculó a proceso a mi hermano, Teófilo Zaga Tawil, por delincuencia organizada con la finalidad de recibir y transferir recursos de procedencia ilícita bajo la premisa de que el contrato de transacción y la indemnización pagada por el Infonavit es para él irregular. Lo que ese juez de consigna no puede cambiar es que existe un finiquito por la transacción que no ha sido impugnado civilmente por el Infonavit y que tiene el equivalente de cosa juzgada. Además, Teófilo jamás pisó las instalaciones del Infonavit, ni participó, ni conoce, ni se le atribuye haber participado, ni conocido, a ningún consejero o funcionario del Instituto.
El silencio de todos ustedes, su inactividad, los vuelve cómplices de este abuso y de la desinformación y cobertura mediática que se le ha dado a este caso, nada lo justifica pero quizás se explica con la orden de aprehensión girada contra mi hijo, Elías Zaga Hanono, a quien también acusan, quien todo este tiempo se ha dedicado a estudiar y a prepararse académicamente, sin haber tenido la más mínima participación en los hechos, tenía 18 años de edad cuando se firmó el Convenio de Colaboración, aclarando que en el momento en que se firmaron los contratos y en el momento en el que se hizo la indemnización por daños se encontraba estudiando en el extranjero. Mi hijo Elías nunca fue accionista, consejero, apoderado o siquiera firmante en las cuentas bancarias de Telra.
A diferencia de ustedes, no voy a permitir este atropello, no acepto ser tachado como un criminal ni tratado como tal. No mentiré para salir del problema y mucho menos traicionaré mis principios.
Tampoco me engaño, es posible que mi voluntad se quiebre y se me despoje de mi libertad y de todos mis bienes; pero no seré parte de este montaje judicial.
Finalmente, les exijo a todos y a cada uno de ustedes que hagan pública toda información o prueba que tengan en mi contra, cualquier elemento que pruebe que la indemnización recibida fue corrupta e ilegal; o bien, defiendan su actuación.
Atentamente,
Rafael Zaga Tawil
C.C.P. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
C.C.P. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos