DR. ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
PRESENTE.
Durante su intervención en la ceremonia de la conmemoración del 50º Aniversario del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, celebrado el pasado miércoles 7 de julio de 2021, usted realizó una autocrítica, admitió que existe corrupción en los Tribunales de nuestro país y señaló expresamente que “quien diga que en los Tribunales no hay corrupción, o no ha estado en un Tribunal o miente descaradamente. Tenemos que ser autocríticos y la única forma de mejorar a un Tribunal, es entender los problemas que tenemos”.1
La autocrítica expresada por Usted señor ministro, fue celebrada por el presidente de la República un día después, durante su conferencia matutina del día 8 de julio de 2021 y calificó su pronunciamiento como algo “inédito”, expresando lo siguiente: “me dio mucho gusto la declaración del presidente de la Corte, del presidente Zaldívar, reconociendo lo que es evidente, lo que es lamentable, una realidad: la corrupción en los juzgados.” 2
En este rubro, no podría coincidir más con Usted, así como con el presidente López Obrador ya que actualmente mi familia está siendo víctima y testigo de la corrupción judicial que Usted ha reconocido y que quiero hacer del conocimiento de la opinión pública a través de este mensaje. La corrupción no solamente consiste en favorecer ilegalmente a particulares, sino que también se da cuando los jueces y/o magistrados son parciales o cuando los servidores públicos relacionados con la impartición de justicia, la retrasan o entorpecen a toda costa y esto es exactamente lo que está sucediendo hoy en el Poder Judicial de la Federación respecto al asunto conocido como Telra/Infonavit.
Desde el mes de octubre de 2019 fui amenazado personalmente por el Fiscal General de la República Dr. Alejandro Gertz Manero, de ser perseguido con toda la fuerza del Estado en caso de no ceder a “devolver” -en el lapso de una semana – una indemnización por daños recibida por parte del INFONAVIT, derivado de la celebración de un Contrato de Transacción entre dicho instituto y la empresa Telra Realty, que fue aprobado, de manera unánime y totalitaria, por el Consejo de Administración, así como por la Asamblea General de dicho organismo social tripartita. Las condiciones de dicha operación celebrada desde el mes de agosto del año 2017, no fueron del agrado del Fiscal General, quien ha utilizado el sistema de justicia para intentar privar a mi familia ilegalmente de su libertad y su patrimonio.
La celebración del Contrato de Transacción entre la empresa Telra Realty y el INFONAVIT, fue legal y transparente, al punto que el día 29 de agosto de 2018, el entonces Director General de ese Instituto David Penchyna Grub, manifestó públicamente en el marco de la celebración de un Convenio con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios “AMPI”, que el pago de daños y perjuicios mandatado por el Consejo de Administración por la cantidad de 4,800 millones de pesos, habría permitido recuperar la rectoría sobre el Programa de Movilidad Hipotecaria, que le podría representar al organismo tripartita la cantidad de 40 mil millones de pesos, en tan solo 5 años.3 Dicha manifestación confirma por sí sola que la transacción fue legal y que el INFONAVIT no tenía la estructura para ejecutar el Programa en cuestión.
La amenaza del Fiscal General de la República se actualizó y fue materializada ante el Poder Judicial de la Federación desde el mes de mayo de 2020 – dentro del marco de la emergencia sanitaria – y a partir de ese momento, mi hermano Teófilo Zaga Tawil, mi hijo Elías Zaga Hanono y yo, hemos resentido la falta de imparcialidad, el entorpecimiento y la denegación de justicia por parte de distintos Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio, un Juez de Amparo, así como servidores públicos de Centros de Justicia Penal Federal, tanto en la Ciudad de México, como en el Estado de México.
Del toca penal 116/2021
Desde el 1º de mayo de 2021, un ilegal Auto de Vinculación a Proceso dictado por el Juez Iván Aarón Seferín Hernández tiene detenido a mi hermano Teófilo Zaga Tawil en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, por los supuestos delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, derivado de la Transacción celebrada entre Telra Realty y el INFONAVIT. El Auto de Vinculación a Proceso dictado en contra de mi hermano Teófilo Zaga Tawil, fue combatido oportunamente a través de un recurso de apelación presentado el día 6 de mayo de 2021, cuya tramitación ha sido dilatada de manera irregular por el Juez Iván Aarón Seferín Hernández y la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal Rocío Saraí Nava Arellano, en el “Altiplano”. Dicho medio de impugnación fue turnado al Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México para su resolución y el día de ayer a mi hermano le fue notificado que la fecha para la celebración de la audiencia de apelación será el próximo 2º de septiembre, cuando el plazo fijado por el Juez de Control para la culminación de la investigación complementaria fenece el 1º de agosto de los corrientes. Incluso, el Notificador del Tribunal de Alzada torturó psicológicamente a mi hermano al interior del Altiplano, señalándole que el trámite de una apelación demora alrededor de 5 meses, cuando los términos procesales previstos en la ley establecen un plazo aproximado de 24 días hábiles para el dictado de una sentencia.
Por esos mismos hechos, mi hijo Elías Zaga Hanono y yo, hemos venido defendiendo nuestra libertad personal a través del juicio de amparo, derivado de una inconstitucional e ilegal orden de aprehensión librada en nuestra contra, por los supuestos delitos antes mencionados. De los juicios de amparo indirecto 36/2021, 48/2021, 144/2021 y 146/2021 Los juicios de amparo indirecto interpuestos en contra de la orden de aprehensión librada en nuestra contra fueron presentados en tiempo y forma desde el 8 de marzo de 2021 y de ellos tocó conocer al Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, Licenciado Adrián Rivera López. Sin embargo, es patente el retardo injustificado en relación con nuestro asunto: realizamos un análisis de los primeros 500 expedientes recibidos en dicho juzgado durante el 2021 por el periodo comprendido del 7 de enero al 29 de junio de 2021. Del análisis se desprende que TODOS los expedientes han sido procesados. En efecto, el mencionado juez suele resolver la mayoría de los asuntos a su cargo en la fecha de celebración de la audiencia constitucional. Las propias estadísticas judiciales de dicho Juzgado de Amparo revelan que el 98.5% de sus juicios de amparo se resuelven previo a la audiencia, durante la audiencia constitucional o a más tardar dentro de los 3 días siguientes4. Increíblemente, los únicos expedientes que no han sido resueltos después de la audiencia constitucional son los relacionados con el caso Telra/Infonavit. Han transcurrido 115 días naturales desde la celebración de la audiencia y procesado 464 expedientes posteriores a los nuestros, sin que a la fecha tengamos acceso a una sentencia de amparo; es decir, nuestro caso constituye la única excepción de dicha estadística.5
De la causa penal 98/2020
En adición a todo lo anterior, aun y cuando el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en la Ciudad de México, con sede
en el Reclusorio Norte, Dr. Juan Carlos Ramírez Benítez, ha determinado que no he cometido el delito de defraudación fiscal equiparable, la Fiscalía General de la República ha insistido en imputarle el mismo delito a mi hermano Teófilo Zaga Tawil, quien en relación con dicho asunto se encuentra, de forma aleatoria y por turno, a disposición del Juez de Control señalado, desde el 18 de agosto de 2020, en la causa penal 98/2020. No omito mencionar que, al conocer el Auto de No Vinculación a Proceso dictado por dicho juez en mi favor, la Fiscalía General se desistió de la celebración de la audiencia inicial dentro de la causa penal 98/2020. Sin embargo, posteriormente a dicho desistimiento, el
Administrador de ese Centro de Justicia Penal Federal, Pedro Serret Hernández, de manera totalmente irregular “returnó” el asunto de mi hermano, a un distinto Juez de Control “a modo”, concretamente con el Licenciado Marco Antonio Fuertes Tapia, con la finalidad de obtener un criterio afín a los intereses de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Estos cambios de jueces a modo solamente suceden en países autoritarios y dictatoriales.
La complicidad del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, Pedro Serret Hernández, ha llegado a tal grado que dicho servidor público se ha negado sistemáticamente a darle trámite a una solicitud de Incompetencia por Inhibitoria planteada por mi defensa, que necesariamente debe ser resuelta por el Juez de Control competente, a quien está dirigida. Evidentemente, el Poder Judicial de la Federación ha generado condiciones de denegación de justicia en relación con esta persecución perpetrada en mi contra y de mi familia, apostando a que cedamos ante este secuestro judicial que mantiene a mi hermano Teófilo Zaga Tawil privado de su libertad en un penal de máxima seguridad – como el primer empresario en padecerlo – y a mi hijo Elías y a mi, combatiendo legalmente todos los actos que han atentado contra nuestra libertad personal.
Todos estos atrasos y actos de denegación y entorpecimiento de justicia constituyen una abyección del Poder Judicial de la Federación que Usted preside, hacia la Fiscalía General de la República y otros poderes fácticos y es un reflejo de esa misma corrupción que Usted mismo advirtió y calificó como “inadmisible”6 en días recientes, en contra de ciudadanos inocentes que son perseguidos con toda la fuerza del Estado con la complicidad de autoridades del Poder Judicial de la Federación, junto con otras del Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República.
El presente asunto se ha constituido como un caso referencial y paradigmático de la degradación del sistema de justicia y el Estado de Derecho en nuestro país, y por ello, he tomado la decisión de dirigirle este documento, a efecto de que tome conocimiento de los atropellos de
los que estamos siendo objeto.
A T E N T A M E N T E
RAFAEL ZAGA TAWIL