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La CNBV emite una opinión en el sentido de que Fibra Uno debió haber informado como evento relevante que los señores El Mann, personas relevantes de Fibra Uno (miembros de su comité técnico y fideicomitentes) habían sido beneficiados con un “criterio de oportunidad” luego de ser sujetos a una investigación por lavado de dinero, así como el bloqueo de las cuentas bancarias de Fibra Uno ordenado por la UIF. Si bien el proceso se lleva a cabo en la FGR, actualmente se está a la espera de que la Procuraduría Fiscal determine si procede presentar una querella que permita a la FGR continuar con la investigación de esos hechos.

La familia Zaga y sus defensores se enteran de que existe una orden de aprehensión del 25 de diciembre que solicitó SEIDO a un juez del altiplano. La orden se libró contra 5 personas: 

Rafael y Teófilo Zaga Tawil por delincuencia organizada y lavado de dinero, Elías Zaga Hanono por delincuencia organizada, Alejandro Cerda y Omar Cedillo, ex funcionario del Infonavit,  por delincuencia organizada.

Después de meses de esconder la investigación, la Fiscalía pidió orden de aprehensión por el asunto del Infonavit y el 25 de diciembre de 2020 el Juez libró una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) en contra de Rafael y Teófilo Zaga, Elías Zaga (hijo de Rafael), Alejandro Cerda y Omar Cedillo.

Cabe aclarar que para que un delito sea considerado “delincuencia organizada” se requiere la participación de un mínimo de tres personas.  En este caso la FGR menciona a los señores Rafael y Teófilo Zaga Tawil, al hijo de Rafael, Elías y a los dos funcionarios del Infonavit que firmaron el Convenio de Transacción (indemnización) por terminación anticipada por parte del Infonavit del contrato con Telra para llegar y sobrepasar el número mágico.  

Sin embargo, a los funcionarios del Infonavit por los que se libró la orden de aprehensión, se les acusa de haber firmado el contrato de transacción en 2017, obedecieron el mandato del Consejo de Administración de Infonavit. 

Por su parte, Elías Zaga no tiene absolutamente ninguna relación con Telra. Él tenía 18 años e incluso no vivía en México cuando se celebraron los contratos con el Infonavit.  Por lo tanto, su inclusión en el asunto no tiene sustento alguno.

Durante los siguientes meses la defensa intentó por todos los medios de tener acceso a la investigación que había sido enviada a SEIDO, esto era un derecho de la familia Zaga por ser imputados. Incluso el 30 de octubre de 2020 se fue ante un Juez de Control donde agentes del MP de SEIDO mintieron. La FGR señaló que el señor Rafael Zaga no era imputado y que no se le estaban realizando actos de investigación en contra de su persona (cosa que hoy sabemos fue mentira).

1. Dijeron que era una investigación nueva, y que el desglose solo era copia de una denuncia pasada pero no la de la UIF. 
2. Dijeron que no se había llevado a cabo ningún acto de investigación en contra de Rafael o Teófilo Zaga Tail, sin embargo, ya habían solicitado estados de cuenta e información personal. 
3. Dijeron que no existía imputados porque apenas estaban determinando. 

El juez tomando en cuenta estos elementos aportados por los agentes del MP de SEIDO, por lo tanto da razón a SEIDO y no permite el acceso a la carpeta.

Como consecuencia de la pandemia la audiencia inicial se difirió en varias ocasiones, pero, finalmente, el 3 de septiembre de 2020 un Juez de Control determinó que no era procedente vincular a proceso a Rafael Zaga Tawil ya que el llenado de su declaración no era constitutivo de delito. 

Es importante señalar que, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, la defraudación fiscal ocurre cuando se presentan declaraciones con deducciones falsas o se presenten ingresos menores a los realmente obtenidos. Por lo tanto, no se incurre en el delito cuando existen diferencias de criterio sobre si un ingreso (por daños en este caso), es sujeto a no a impuesto YA QUE LA.  En este caso no hubo ninguna deducción basada en facturas falsas ni omisión alguna de ingresos por parte de los señores Zaga pues ambos declararon el monto por la indemnización a Telra. Además, los Zaga siempre le anticiparon al SAT la manera en que pensaban presentar su declaración, por lo que no hubo engaño. Al existir diferendos de criterio sobre si esos ingresos causaban o no impuestos, lo que procede es iniciar un juicio administrativo para que un juez determine si ese monto es o no sujeto a impuestos, no una investigación penal. 

La resolución fue tan contundente que la Fiscalía no apeló y se desistió de la audiencia en contra de Teófilo Zaga.

Al ser imputados, la familia Zaga cuenta con el derecho de tener acceso a las carpetas de investigación en su contra. Dos veces (31 de julio y 2 de septiembre de 2020) solicitaron el acceso a la carpeta de Sedio, sin embargo, el MP se las negó. Por lo que el 30 octubre de 2020 se celebró una audiencia ante un juez de control donde agentes del MP de SEIDO mintieron:

1. Dijeron que era una investigación nueva, y que el desglose solo era copia de una denuncia pasada pero no la de la UIF. 
2. Dijeron que no se había llevado a cabo ningún acto de investigación en contra de Rafael o Teófilo Zaga Tail, sin embargo, ya habían solicitado estados de cuenta e información personal. 
3. Dijeron que no existía imputados porque apenas estaban determinando.

El juez tomando en cuenta estos elementos aportados por los agentes del MP de SEIDO, por lo tanto dió razón a SEIDO y no permite el acceso a la carpeta.

Después de varios meses en que la defensa de los señores Zaga los defendió en la investigación que había sido iniciada con motivo de la denuncia presentada por el Infonavit (carpeta 10-15-2020), en cuestión de días, la FGR acumuló una nueva denuncia de hechos que había sido presentada por el titular de la UIF y que había sido escondida de la defensa, y el 22 de junio de 2020 envió un desglose de la investigación a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (“SEIDO”).

La Fiscalía argumenta que aunque ellos investigaron hechos, hay hechos que no son de su competencia, entonces se lo mandamos a la agencia dentro de la fiscalía que es competente. El oficio no menciona que están investigando delincuencia organizada, solo dicen lavado de dinero, por lo que parecía que ellos se iban a quedar investigando el tema de servidores públicos y SEIDO el lavado de dinero.

La Fiscalía acumula la primera carpeta (10-15), que era indujicializable, con la nueva carpeta de lavado de dinero.

La defensa de la familia Zaga trabaja en un expediente para acreditar el origen y el destino de los recursos que estaban cuestionados en la denuncia y cuando iban a presentar el expediente se dan cuenta de que mandan un desglose de la carpeta 10-15 y su acumulada de lavado de dinero a SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada). 

La Fiscalía argumenta que aunque ellos investigaron hechos, hay hechos que no son de su competencia, entonces el 22 de junio mandaron a la subprocuraduría dentro de la fiscalía que es competente. El oficio no menciona que están investigando delincuencia organizada, solo dicen lavado de dinero, por lo que parecía que ellos se iban a quedar investigando el tema de servidores públicos y SEIDO el lavado de dinero.

La FGR les concede a los señores André, Max y Moussa El-Mann un criterio de oportunidad por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La procuraduría fiscal presenta 2 querellas ante la FGR en contra de los señores Zaga (una por cada uno) por defraudación fiscal por cómo habían llenado sus declaraciones fiscales una vez que habían recibido la indemnización de Telra Realty.

La investigación se realizó en 30 días naturales y el 30 de abril de 2020, la FGR ejercita acción penal en contra de los señores Zaga.

A solicitud propia, Teófilo Zaga es citado como imputado.